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Para fortalecer el marco normativo vigente en materia de seguridad, prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n integral en los entornos escolares, mediante la actualizaci\u00f3n de las atribuciones de la Secretar\u00eda de Seguridad, incorporando enfoques contempor\u00e1neos de atenci\u00f3n a las nuevas din\u00e1micas de riesgo que enfrentan ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, la diputada Mar\u00eda Antonia Castro Casta\u00f1eda present\u00f3 una iniciativa de reforma a la Ley de Prevenci\u00f3n y Seguridad Escolar del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Expuso que en los \u00faltimos a\u00f1os, las comunidades educativas han enfrentado una transformaci\u00f3n significativa en sus condiciones de seguridad, derivada no s\u00f3lo de los riesgos tradicionales vinculados a la violencia o la delincuencia, sino tambi\u00e9n de fen\u00f3menos emergentes, como la violencia digital, el ciberacoso, el acceso no regulado a contenidos nocivos en entornos virtuales, as\u00ed como el incremento de problem\u00e1ticas relacionadas con adicciones y conflictos interpersonales dentro y fuera de los planteles escolares.<\/p>\n\n\n\n
Ante este escenario, resulta indispensable que la actuaci\u00f3n de las instituciones responsables de la seguridad p\u00fablica no se limite a esquemas reactivos o de intervenci\u00f3n puntual, sino que transite hacia modelos integrales de prevenci\u00f3n, coordinaci\u00f3n interinstitucional y construcci\u00f3n de paz en el \u00e1mbito escolar, con la participaci\u00f3n activa de todos los sectores involucrados.<\/p>\n\n\n\n
Inform\u00f3 la legisladora que la iniciativa propone ampliar y actualizar las facultades de la Secretar\u00eda de Seguridad para que pueda celebrar convenios de colaboraci\u00f3n no s\u00f3lo con dependencias gubernamentales y municipios, sino tambi\u00e9n con la sociedad civil, colectivos de madres y padres de familia y el sector privado, reconociendo que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida que requiere la corresponsabilidad de toda la comunidad.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se fortalece su intervenci\u00f3n en los procesos de revisi\u00f3n previstos en la ley, incorporando no s\u00f3lo funciones de supervisi\u00f3n y asesor\u00eda, sino tambi\u00e9n el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de protocolos de actuaci\u00f3n, as\u00ed como mecanismos de mediaci\u00f3n y resoluci\u00f3n pac\u00edfica de conflictos, privilegiando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos, la perspectiva de g\u00e9nero y el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1ez y la adolescencia.<\/p>\n\n\n\n
De igual forma, se considera necesario incorporar la obligaci\u00f3n de implementar programas permanentes de capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n dirigidos a docentes, estudiantes y personal administrativo, con el objetivo de prevenir la comisi\u00f3n de delitos, fomentar el uso responsable de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, as\u00ed como identificar oportunamente situaciones de adicci\u00f3n y distintos tipos de violencia que puedan afectar el desarrollo integral de la comunidad escolar.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa de la diputada Mar\u00eda Antonia Castro se turn\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Educaci\u00f3n, Cultura, Ciencia y Tecnolog\u00eda para su estudio y dictamen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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