La atención a personas con adicciones debe de apegarse a Derechos Humanos
· Las personas que viven con adicciones tienen derecho a recibir un trato digno, sin discriminación ni estigmas.
· Promoviendo el respeto, la dignidad y el acceso a la salud. Cambiemos el estigma por empatía, la exclusión por acompañamiento y el juicio por apoyo.
Los Servicios de Salud en el Estado promueven
Los Servicios de Salud en el Estado promueven el respeto, la dignidad y el acceso a la salud sin límites para todas aquellas personas que viven con adicciones, ya que tienen derecho a recibir un trato digno, que les permita fortalecer su bienestar y retomar su vida, escuela, trabajo y redirigirse de manera productiva. El consumo de sustancias no elimina su calidad de personas ni sus derechos como ciudadanos.
Los derechos fundamentales reconocidos incluyen, el Derecho a la Salud, el tener acceso a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños, sin ser juzgados; Derecho a la no discriminación, para ser tratados con respeto, sin burlas, rechazo ni exclusión en servicios de salud, educación, empleo o espacios públicos; el Derecho a la Información, el recibir información veraz, clara y científica sobre los riesgos del consumo y las alternativas de tratamiento disponibles.
El Derecho a la privacidad y confidencialidad, su historia clínica, tratamientos o decisiones personales no deben divulgarse sin su consentimiento; el Derecho a la Autonomía, el decidir libremente sobre su tratamiento o rechazarlo, salvo en casos donde se ponga en riesgo su vida o la de otros. Y el Derecho a la Reintegración Social, oportunidades para continuar su educación, trabajar, convivir y rehacer su proyecto de vida.
¿Qué no está permitido?, negar atención médica por estar bajo el efecto de sustancias; divulgar públicamente su condición sin consentimiento; utilizar lenguaje despectivo o etiquetas como “drogadicto”, “vicioso”, “perdido”, etc. Privar a una persona de su libertad o internarla sin fundamentos médicos ni legales claros; el tratamiento debe ser preferentemente voluntario. En casos de alto riesgo, puede considerarse el ingreso involuntario, pero siempre con evaluación profesional y apego a la ley.
Promovamos una cultura de respeto. Entender que las adicciones son un problema de salud pública y no un tema de debilidad moral es clave para avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente. Hay que destacar que una atención con enfoque de derechos humanos transforma vidas. ¡Cambiemos el estigma por empatía, la exclusión por acompañamiento y el juicio por apoyo!
