Gallardo Cardona agiliza operatividad del Hospital Central
El Gobernador potosino tiene el compromiso con la ciudadanía de poner en funcionamiento el mayor monumento de la “herencia maldita”.
Hay acuerdo con autoridades federales al respecto.
San Luis Potosí, SLP.- El Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” debe ser culminado en su totalidad y brindar la atención médica y hospitalaria que demanda la población potosina, exclamó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, al puntualizar que se gestiona su equipamiento y abastecimiento de medicinas con autoridades federales, al ser el rescate del sector Salud un adeudo con San Luis Potosí al inicio del nuevo Gobierno.
El jefe del Ejecutivo dijo que hay un compromiso por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que en un lapso de 60 días se avance en la administración completa de este nosocomio, el cual actualmente luce bien por fuera, pero que por dentro está vacío, sin mobiliario, sin personal, sin medicamentos, “un elefante blanco dejado por la ´herencia maldita´, no sirve, seguimos operando con un Hospital viejo”.
Gallardo Cardona lamentó que el anterior mandato estatal haya engañado a las y los potosinos y no haya trabajado para entregar unas instalaciones dignas y acordes a lo anunciado, por ello es que hay una gran preocupación de este Gobierno potosino para hacer del Hospital Central un centro médico 100 por ciento funcional y de servicio a la ciudadanía de las cuatro regiones.
Agregó que de ser necesario, el Gobierno del Estado estaría dispuesto a destinar recursos públicos propios para echarlo a andar: “lo tenemos que trabajar juntos con Insabi, no hay el medicamento que nos deben dar, se le está poniendo todo el empeño, sin embargo no es suficiente; sino se concreta lo planeado podríamos recuperarlo con dinero del Estado”.
Advirtió que están en proceso las denuncias a presentarse de manera formal por las anomalías halladas en el manejo financiero del Hospital, lo cual significó una atención reducida, violatoria al derecho a la salud de las personas, con lo cual se pretende que las y los presuntos responsables paguen por su omisión e irresponsabilidad y que “caerá quien deba caer”.
